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Una mexicana más se suma al listado de mujeres que han recibido una condena por el de homicidio en razón de parentezco. 23 años tendrá que pasar privada de su libertad. La historia es ya conocida, luego de un aborto espontáneo, el personal de salud la denuncia. Cabe aclarar que el aborto mencionado sucedió en el mes de mayo de 2008 y la reforma a las leyes en Baja California fue aprobada en octubre y publicada en diciembre de ese año. ¿Tiene validez esta sentencia?
MÉXICO, D.F., 26 de enero (apro-cimac).- Feministas y organizaciones civiles de Baja California exigieron al gobernador del estado, José Guadalupe Osuna Millán, la liberación inmediata de una mujer que el pasado jueves 20 fue encarcelada, acusada de homicidio agravado por parentesco, luego de que en 2008 sufrió un aborto espontáneo, por el que fue condenada a 23 años de prisión.
En entrevista, María del Carmen Rioseco, del Grupo Feminista Alaíde Foppa, con sede en Baja California, afirmó que est no es el único caso en la entidad, ya que hay más mujeres presas por aborto.
“Hay varios casos similares, de los cuales apenas estamos iniciando la documentación, ya que la información es de muy difícil acceso y se desconoce el número exacto de las mujeres encarceladas por un aborto”, comentó.
Sobre el caso denunciado, Rioseco informó que se le acusa del delito de homicidio agravado por parentesco, aun cuando la joven aclaró que fue un aborto espontáneo, ya que no se había dado cuenta que estaba embarazada.
De acuerdo con su testimonio, el 17 de mayo de 2008 tuvo un sangrado que provocó la expulsión espontánea del producto en gestación.
Luego de que sus familiares la llevaron al Hospital General de Mexicali para que la atendieran, fue denunciada ante la Procuraduría General de Justicia del estado por el personal de salud del nosocomio.
Ante esos hechos, la Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, el Grupo Feminista Alaide Foppa y la Federación de Mujeres Universitarias de Baja California solicitaron al mandatario estatal que respete el Estado laico y al Congreso estatal, en el sentido de cumplir y hacer cumplir las normas de protección a los derechos humanos de las mujeres.
El 26 de diciembre de 2008 se aprobó la reforma a la Constitución del estado de Baja California, que protege la vida desde el momento de la concepción, lo que a decir de las Organizaciones de la Sociedad Civil ha dado pie a las autoridades misóginas para encarcelar a las mujeres que deciden sobre su cuerpo al ejercer el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a sus derechos sexuales y reproductivos.
Ciudad de México.- La Comisión de Salud en la Asamblea Legislativa anunció reformas a la Ley de Salud del Distrito Federal para que clínicas privadas que ofrecen servicios de interrupción legal del embarazo informen a la Secretaría de Salud sobre los procedimientos que realizan. Esto con el objetivo de contar con información de todas las instituciones públicas o privadas que practican “abortos” en la Ciudad de México y de esta forma erradicar cifras negras en relación al número de interrupciones se están llevando a cabo en el sector público y privado. La presidenta de esta comisión, Maricela Contreras, reconoció que desde la aprobación de las reformas en materia de salud en las que se despenaliza la interrupción del embarazo, abril 2007 a septiembre 2010, se tienen registrados 46 mil 777 legrados. Por ello, dijo, la urgencia de elaborar diagnósticos que permitan conocer las características de las mujeres que acuden a estos procedimientos e impulsar campañas de prevención de embarazos no deseados, en favor de un ejercicio responsable de la sexualidad. “Los datos que actualmente tenemos, sólo corresponden a los servicios de salud pública, por lo que aún existe un subregistro de los abortos que se practican en las clínicas privadas que han proliferado con las reformas que permiten la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestión”, explicó. Estas reformas a la Ley de Salud, que serán presentadas en las próximas sesiones del pleno de la Asamblea Legislativa, contemplarán que cada clínica privada que ofrece el servicio de interrupción legal del embarazo, remita un informe diario a la Secretaría de Salud capitalina, por vía electrónica o por teléfono, de las prácticas que realice, de acuerdo con un formato que para tal efecto elabore la autoridad sanitaria. También, dio a conocer que, según datos de la Secretaría de Salud capitalina, desde abril de 2007, hasta el 23 de septiembre de 2010, el servicio que se brinda en 17 hospitales públicos del Distrito Federal, se han practicado 46 mil 777 interrupciones legales de embarazos, de 75 mil 694 que se acercaron a solicitar información. “De ser así, casi 30 mil mujeres decidieron no practicarse este método, después de la información que se les brindó, lo que muestra que se trata de una opción y de una decisión que únicamente le corresponde a las mujeres y no se les obliga”, explicó. Además, mencionó que de esos procedimientos, 2 mil 645 fueron menores de edad, 10 mil 66 provenientes del Estado de México y mil 429 de otras entidades federativas. La diputada del PRD reveló que para 2011, se requieren al menos 43 millones de pesos para continuar con la prestación de estos servicios que tienen carácter de gratuito, por lo que anunció que buscarán etiquetarlos en el próximo paquete presupuestal que mande el Ejecutivo local a la ALDF, ya que este programa desde su creación opera sin recursos asignados y se han hecho esfuerzos por parte de la Secretaría de Salud local para garantizar este servicio. Asimismo, la asambleísta Maricela Contreras exigió respeto a los jerarcas de la Iglesia sobre las acciones de las autoridades y legisladores del Distrito Federal respecto al reconocimiento de los derechos. “Es una actitud elemental del respeto al Estado Laico lo que demandamos, ellos (los jerarcas de la iglesia) debería reflexionar sobre su ideología, pues 84 por ciento de las mujeres que se practicaron un aborto son católicas”, aseveró.Buscan asambleístas regular clínicas privadas que practican abortos
En votación dividida (tres a dos) la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó ayer dos amparos presentados contra la reforma constitucional del estado de Colima, la cual señala: La mayoría evitó analizar el fondo de la demanda e ignoró una propuesta para que el pleno resolviera los amparos presentados en contra de la El argumento esgrimido por Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Luis María Aguilar y Margarita Luna Ramos para negar el amparo fue que las quejosas Margarita Guzmán Flores y Blanca Adriana Vallejo Ceballos no acreditaron ser residentes del estado de Colima y, por tanto, no podían alegar que la legislación impugnada las afectaba. Sergio Valls planteó que dada la importancia del tema, lo mejor era que el pleno revisara la constitucionalidad de la reforma a la Carta Magna de Colima –realizada en marzo de 2009–; Fernando Franco votó en contra del desechamiento. Ambas demandas ponen énfasis en que la primera parte del párrafo modificado es el inconstitucional, que tiene que ver con la obligación del Estado de proteger el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Los ministros consideraron que el tema reviste las características de interés y trascendencia, en razón de que con la configuración de tal derecho, el constituyente local afecta el ejercicio de garantías fundamentales, consagradas en la Constitución federal, como son las de igualdad, de no discriminación, de protección a la salud, de audiencia, de legalidad, de religión, de libertad reproductiva y sexual, y del propio derecho a la vida, entre otras. Los ministros fijarán en otra sesión su postura sobre una serie de amparos que admitió la Corte, presentados por mujeres de entidades donde se realizaron reformas legales que incrementaron las sanciones a quienes interrumpen su embarazo, aun en caso de que deba realizarse por prescripción médica o porque es producto de una violación. Quedó pendiente que los ministros se pronuncien respecto de si dichas reformas legales violaron las garantías de igualdad, no discriminación, protección a la salud, de religión, libertad reproductiva y sexual, y el propio derecho a la vida, entre otras. ¿Porque no se acreditaron como residentes del estado de Colima? ¿Es broma, verdad?
Jueves 23 de septiembre de 2010, p. 40La vida es un derecho inherente a todo ser humano. El Estado protegerá y garantizará este derecho desde el momento de la concepción
.restricción de los derechos fundamentales de la mujer en relación con la reproducción y el ejercicio libre de la sexualidad sin fines reproductivos
.
Hace unos meses leí en emeequis por primera vez sobre Nadia. Un aterrador feminicidio -como si el simple feminicidio no fuera aterrador-. Confieso que no pude leer de corrido el artículo. Me indignó, me hizo sufrir, me puse a llorar.
Trasladan a la mayoría a sus hogares en vehículos oficiales; no hablaron con la prensa Yolanda Martínez Montoya, presa más de seis años, sostiene que es inocente y rechaza dádivas del gobierno estatal Guanajuato, Gto., 7 de septiembre. Este martes entró en vigor una atenuante al delito de homicidio en razón de parentesco, que redujo de 35 a ocho años de cárcel las penas a las mujeres que den muerte a un recién nacido. Con esta reforma al Código Penal, a partir de las 17:30 horas fueron liberadas una por una las campesinas María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón, Bonifacia Andrade y Susana Dueñas Rocha. La mayoría de las mujeres no hablaron con los reporteros que las esperaban fuera del penal de Puentecillas. Entre lágrimas y sonrisas, la joven originaria de la comunidad Las Trancas, en Dolores Hidalgo, repetía que era inocente y recriminaba haber estado más de seis años en prisión por un delito que no cometió. Agregó que no aceptó que la llevaran a su casa en camionetas del gobierno estatal panista, porque quería salir Las campesinas recibieron, por conducto de funcionarios, ofertas del gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, entre ellas apoyo para mejorar sus viviendas, dijo Martínez Montoya. –¿Lo que ofreció el gobierno fue a cambio de silencio? –Podría ser. Se deduce por lógica –replicó. Alma Yareli Salazar, absuelta por un magistrado de una sentencia de 27 años de cárcel el 9 de junio, esperaba desde la madrugada del martes la salida de sus ex compañeras. ‘‘Yola, somos libres, somos inocentes” dijo llorando a Yolanda, a quien abrazó fuertemente cuando salió. Con el puño en alto, Yolanda gritó: El 31 de agosto, el Congreso estatal aprobó la modificación al artículo 156 del Código Penal para atenuar las penas del delito de homicidio en razón de parentesco. Las jóvenes denunciaron públicamente que el Ministerio Público las obligó a incriminarse y aceptar en las averiguaciones previas que ellas En agosto de 2009, La Jornada publicó que en Guanajuato había mujeres que sufrieron abortos y fueron acusadas de homicidio en razón de parentesco, por lo que fueron sentenciadas hasta a 35 años de cárcel, pese a que el Código Penal sanciona la interrupción del embarazo hasta con tres años de prisión y una multa hasta de 30 días de salario mínimo. Oliva Ramírez aún niega que su gobierno criminalice a las mujeres que abortan, pero en el libro Algunas consideraciones al suicidio y formas de violencia intrafamiliar, la Procuraduría General de Justicia del estado incluyó los testimonios de internas que tuvieron abortos y fueron sentenciadas por homicidio Se hizo justicia
, pero falta mucho por hacer y por cambiar
, afirma
Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 31Soy libre porque soy inocente. Se me hizo justicia
, dijo Yolanda Martínez Montoya cuando ella y otras seis mujeres que sufrieron abortos espontáneos salieron de los penales de Guanajuato y Valle de Santiago, donde purgaban sentencias superiores a 25 años, acusadas de asesinato.Sólo quiero estar con mi familia
, dijeron al abordar camionetas del gobierno del estado que las llevaron a sus hogares en los municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, Guanajuato y San Luis de la Paz.Se hizo justicia, tarde o temprano. No nos vamos a dar por vencidas. Falta mucho por hacer y por cambiar
, pues las leyes de Guanajuato son inequitativas y discriminatorias
para las mujeres, dijo Yolanda.con la frente en alto
del Centro de Readaptación Social (Cereso).No quiero nada. Quiero ser yo. No quiero estar ligada a ninguna persona que tenga que ver con el gobierno, porque me hicieron mucho daño. No quiero nada de ellos
, afirmó la dolorense.¡Soy inocente, soy inocente!
, y agradeció el apoyo del Centro Las Libres –cuyas activistas se apostaron en el penal a partir del primer minuto del martes– por encabezar la defensa pública y legal de las siete mujeres.A la madre que prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas inmediatamente posteriores al nacimiento de éste, y además dicha privación sea a consecuencia de motivaciones de carácter sicosocial, se le impondrán de tres a ocho años de prisión
, señala la reforma propuesta por el gobernador Juan Manuel Oliva a raíz de señalamientos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por el caso de las siete presas.escucharon que los productos lloraron
para culparlas por homicidio, cuando en realidad tuvieron abortos espontáneos en los últimos meses de su embarazo.en agravio de sus hijos en proceso de gestación
.





